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Infórmate sobre la nueva Ley de probidad en la función pública

publicado a la‎(s)‎ 15 sept. 2016 13:54 por Tic Minagri
El 5 de enero de 2016 fue publicada en el diario oficial la Ley N° 20.880 que pondrá a disposición de la ciudadanía información sobre las actividades, intereses y bienes de autoridades y funcionarios públicos. Esta norma es una de las medidas más relevantes que está implementando el Gobierno con el objetivo de elevar los estándares de transparencia y probidad en la gestión del Estado.

¿Qué regula esta ley?

Esta ley aborda el principio de la probidad en el ejercicio de la función pública, como también prevé y sanciona algunos conflictos de intereses.

¿Qué es el principio de probidad?

Consiste en un desempeño honesto y leal del cargo por parte de los funcionarios públicos, donde el interés general está sobre el interés particular. Lo anterior, sin importar cuál sea su condición contractual.

¿Qué es conflicto de intereses?

Según la ley, existe una situación de “conflicto de intereses” cuando el interés personal de quien ejerce una función pública se ve enfrentado con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña. Implica una confrontación entre el deber público y los intereses privados del funcionario, en que siempre debe prevalecer el interés general. Mediante dicha norma se busca preservar la independencia de criterio y el principio de equidad de quien ejerce una función pública, evitando que su interés particular afecte la realización del fin al que debe estar destinada la actividad del Estado.

¿Qué diferencia tiene esta ley con la regulación anterior?

Alguna de las principales novedades que establece esta normativa está referida a:
  1. Declaración de patrimonio e intereses se reúnen en un solo documento y amplía la información que se debe entregar 
  2. Aumenta el espectro de autoridades y funcionarios que deberán declarar (directores (as) de las fundaciones y corporaciones que presten servicios o tengan contratos vigentes con la Dirección Administrativa de la Presidencia, directivas nacionales de partidos políticos, funcionarios fiscalizadores, entre otros). 
  3. Establece el mandato especial de administración de bienes para autoridades con alto patrimonio. 
  4. Establece la enajenación obligatoria de ciertos bienes. 
Con estas medidas lo que se pretende evitar es el enriquecimiento ilícito y prevenir conflicto de intereses.

¿Quiénes deben declarar?

Presidente (a), ministros (as), subsecretarios(as), intendentes (as), gobernadores (as), seremis, embajadores (as), cónsules, senadores (as), diputados (as) y otros altos cargos del Congreso; autoridades y directivos del Poder Judicial, fiscales y defensores locales de la defensoría penal pública; consejeros (as) de organismos públicos autónomos, autoridades municipales, oficiales generales y superiores de las Fuerzas Armadas y de Orden, directores (as) de sociedades anónimas nombrados por el Estado y fiscalizadores, entre varias otras autoridades y funcionarios (as) de la Administración del Estado. Se integra los directores de fundaciones y corporaciones de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República y los miembros de las directivas nacionales de partidos políticos.

¿Qué contendrán las declaraciones?

Se debe declarar, entre otros, los bienes en Chile y el extranjero, vehículos, derechos de aguas, acciones y la participación en sociedades dentro o fuera del país.

Dicho documento debe incluir el nombre completo de cónyuge o conviviente civil y de ciertos parientes.

Los cónyuges declaran si están casados bajo régimen de sociedad conyugal y los convivientes civiles del declarante siempre que hayan pactado régimen de comunidad de bienes.

Esta declaración también contempla los bienes del hijo del declarante sujetos a patria potestad y aquellas personas a las que éste tenga bajo tutela o curatela. Por otra parte, se debe enunciar actividades profesionales, laborales, gremiales y de beneficencia que realice o en que participe la autoridad (remuneradas o no) y las realizadas hasta 12 meses antes de asumir el cargo.

¿Cuándo se realiza la declaración?

Existen tres momentos:
  1. Dentro de 30 días siguientes a que asuma en el cargo. 
  2. Anualmente, en marzo de cada año. 
  3. Dentro de los treinta días posteriores a concluir sus funciones. 

¿Cómo se realiza?

A través de un formulario único electrónico que pone a disposición la Contraloría General de la República.

¿Se podrá acceder a las declaraciones?

Dichas declaraciones serán públicas y de acceso a la ciudadanía. Algunas de ellas estarán publicadas en el sitio electrónico de cada institución en formato de datos abiertos (hasta el jefe de Servicio) y otros mediante una solicitud de acceso a la información.

¿Quién controla el cumplimiento de la ley?

La Contraloría General de la República fiscaliza que las declaraciones de los obligados de la Administración del Estado se realicen de manera oportuna, íntegra y veraz.

Los órganos autónomos son fiscalizados por instancias superiores.

Si la declaración no está ejecutada dentro del plazo o se encuentra incompleta o inexacta, Contraloría General de la República podrá aplicar una multa de hasta 50 UTM; si el incumplimiento permanece por un mes, se reitera la multa. Si la falta supera un período de 4 meses, se considera falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución o el cese de funciones.

¿Cuándo entra en vigencia la ley?

La ley comienza a regir el 2 de septiembre para las autoridades de la Administración del Estado y el 2 de Noviembre para el resto de los sujetos obligados, ambos del año 2016.
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Tic Minagri,
15 sept. 2016 13:59
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Tic Minagri,
15 sept. 2016 13:59
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